DIA desfavorable para la macrogranja de cerdos de "El Soto".
Declaración
de Impacto Ambiental desfavorable para la macrogranja de cerdos de Espinosa de
los Caballeros.
En el Boletín Oficial
de Castilla y León del día 26 de abril de 2022 viene publicada la resolución
del 18 de abril de 2022 de la Delegación Territorial de Ávila por la que se
hace pública la Declaración de impacto
ambiental (DIA) desfavorable para la ampliación de una explotación porcina
de cebo en la parcela 582 del polígono 9, en el término municipal de Espinosa
de los Caballeros (Ávila), promovido por «Nilasa, S.A.».
Estos son
los antecedentes:
En octubre de 2018, la empresa promotora solicitaba autorización
ambiental para la ampliación de una explotación porcina,
pasando de las 2.000 cabezas actuales,
amparadas en la preceptiva Licencia Ambiental municipal, hasta las 7.200 plazas de cerdos de cebo de 20 a 140 Kg., a ubicar
en la mencionada parcela.
La
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, acordó someter
conjuntamente al trámite de Información pública la solicitud de autorización
ambiental y el estudio de impacto ambiental del proyecto, durante treinta días,
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León de 12 de
diciembre de 2019.
Durante el
periodo de información pública se presentaron 74 alegaciones, de las cuales
seis eran de ayuntamientos de la zona (Arévalo y Palacios de Goda) y
Mancomunidad de agua de los Arenales que surte de agua potable a trece
localidades de la zona, a más de 10.000 personas. Cuatro pertenecían a
Asociaciones culturales o de conservación del patrimonio. Cinco a asociaciones
ecologistas. Dos eran de asociaciones políticas o sindicales. Y las 57
restantes pertenecían a vecinos de la zona.
La Alhóndiga de Arévalo fue una de las asociaciones que presentó alegaciones y, además, presentó una queja ante el Procurador del Común de Castilla y León. La mayoría de las alegaciones o denuncias coincidían en la peligrosidad de la macrogranja al estar ubicada a 275 metros de la captación de agua potable para la Mancomunidad «Agua de los Arenales». También el efecto negativo que los residuos orgánicos, excrementos y purines, podrían tener sobre los acuíferos contaminados de forma muy preocupante por la alta concentración de nitratos de origen agropecuario. Otras alegaciones resaltaban el efecto pernicioso de este tipo de instalaciones sobre especies protegidas y espacios naturales de gran valor ecológico como es el caso del Corredor del Adaja, considerado Área Importante para las Aves (IBA 425) o la ZEPA «Tierra de Campiñas» incluida en la Red Natura 2000. También casi todas ellas recalcaban la fatal emisión de malos olores y la proximidad a una fábrica de alimentos para el consumo humano y de piensos para animales de compañía, que da trabajo a más 120 personas.
Debido
al número de alegaciones presentadas, se pidieron informes a los técnicos de la
Junta de Castilla y León (JCyL) y de la Confederación Hidrográfica del Duero
(CHD). Por parte de la JCyL emiten informes los servicios territoriales de
Agricultura y Ganadería, el de Industria y Comercio, el de Cultura, el de
Fomento, y el de Medio Ambiente, siendo todos ellos favorables. Por parte de la
CHD se emiten varios informes en los que se reconoce que «el proyecto, no garantiza a priori el logro de los objetivos
ambientales de las masas de agua y las zonas protegidas afectadas», porque
reconoce que «Puede tener efectos negativos sobre la zona protegida de captación
superficial para consumo humano 4750006 – Arévalo», y también que «Puede tener efectos negativos
sobre la recuperación de la zona vulnerable de aguas subterráneas (acuífero Arenales - ES020000ZVAR) por la contaminación por nitratos
procedentes de fuentes agrarias». Y otro en el que la CHD informa que el
abastecimiento de la granja mediante una nueva captación de aguas subterráneas
solicitada por la empresa promotora «no sería viable dado que se trata de una
zona no autorizada».
Por
otra parte, el Procurador del Común, el 19 de febrero pasado, es el primero en
emitir una resolución negativa a la ampliación de la macrogranja porcina,
basándose principalmente en los informes de la CHD.
Resulta, como poco, curioso, que todos los
informes emitidos por los servicios técnicos de la JCyL, incluido el de Medio
Ambiente, fueran favorables a la ampliación de la macrogranja porcina y solo
los de la CHD y la resolución del Procurador del Común fueran contrarios.
Afortunadamente, ha prevalecido la opinión de estos organismos y la Declaración
de Impacto Ambiental (DIA), finalmente, ha sido desfavorable para la ampliación
de la macrogranja porcina. Por otra parte, los técnicos de Medio Ambiente son funcionarios
de la Administración Pública y, por lo tanto, deben ser independientes a
cualquier tendencia política y, además, tienen instrumentos legales suficientes
para poner un límite al crecimiento de este tipo de industrias pecuarias, como
por ejemplo el Decreto 5/2020, por el que se designan las zonas vulnerables a
la contaminación de las aguas por nitratos de origen agropecuario, estando el
municipio de Espinosa de los Caballeros incluido en el listado en la zona
vulnerable 7, Arenales, ZR-AV. Algo se debe estar haciendo mal desde la
JCyL cuando, según este Decreto, los municipios afectados han pasado de 67 a
716, y las superficies declaradas vulnerables o protegidas frente a la
contaminación agraria difusa han crecido de 2.341,57 a 25.551,41 Km2,
lo que refuerza la inconveniencia de autorizar de forma ilimitada, apelando a
la cautela y prevención de las Administraciones Públicas competentes para no
empeorar la situación.
Desde la Alhóndiga queremos resaltar que todo el proceso que, en general, siguen este tipo de instalaciones ganaderas industriales, está viciado desde el principio, dado que el proyecto está recogido expresamente en el punto 9.3.b) del Anejo 1, del Reglamento de Emisiones Industriales. «Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de más de 2.500 plazas de cerdos de cebo de más de 20 kg.». Por lo tanto no debería aprobarse nunca su ubicación en suelo rústico no urbanizable, sino en suelo industrial urbanizable, en polígonos industriales apartados lo suficiente de poblaciones. Por otro lado, resulta demasiado permisivo, dada la peligrosidad de los residuos que una granja de estas características genera, que al promotor le baste con una Licencia Municipal para instalarse en cualquier municipio siempre que no se superen los 2.000 cerdos. Pero, y ahí viene el truco/trampa legal, una vez autorizados esos 2.000 primeros cerdos, el promotor construye para los 7.200 que tiene pensado tener y, automáticamente, pide la ampliación, teniendo ya realizadas las instalaciones con una simple licencia ambiental que le ha concedido el ayuntamiento.
Además, este tipo de instalaciones pecuarias industriales deberían ser estudiadas en su conjunto, para poder calcular el efecto acumulativo que, entre todas, tendrán sobre el medio ambiente. Pongamos el ejemplo de que a una industria se le permita verter una gota de veneno en una botella de un litro de agua potable, porque es el límite permitido para que el agua siga siendo potable; después, vienen otras seis o siete industrias más y, de forma independiente, se les permite verter una gota de veneno a cada una en el mismo recipiente. Entonces, el agua que contiene esa botella deja de ser potable y se convierte en venenosa. Algo así es lo que se está autorizando. De todos es sabido que Nilasa tiene cuatro macrogranjas en la finca de «El Soto» de Espinosa de los Caballeros, a las que habría que sumar varias explotaciones ganaderas en municipios cercanos que producen sus propios vertidos.
De
todas formas, dado el preocupante estado de los acuíferos, contaminados y
sobreexplotados, y que las captaciones para agua apta para el consumo humano,
peligran y en muchos puntos de nuestra comunidad ya no son potables, sería obligado
que las Administraciones con competencia en Agua y Medio Ambiente pongan unos
límites a este tipo de macrogranjas, pues lo que está meridianamente claro es
que su crecimiento no puede ser ilimitado. No se puede permitir a estas
empresas de industrias cárnicas que con su sola voluntad de instalarse en un
determinado municipio se les autorice sin más. Ha llegado el momento de poner
unos límites para que la preocupante situación no empeore. Porque, que nadie se
engañe, los que instalan estas macrogranjas no son simples campesinos pues, en
realidad, detrás de ellos están poderosas industrias cárnicas que no deberían
tener vía libre para destruir el agua y el medio ambiente.
Queda
pendiente de solucionar el cuarto punto de la resolución del Procurador del
Común, que instaba a la JCyL a que ejerciera la inspección de las instalaciones para que, en ningún momento
superen los 2.000 cerdos que tienen autorizados por la Licencia Municipal del
Ayuntamiento de Espinosa de los Caballeros. Inspección a la que la JCyL se ha
negado, pasando la pelota a las autoridades municipales. Nos preguntamos qué
medios tiene el Ayntamiento de Espinosa de los Caballeros para ejercer esa
inspección. Este control es crucial porque, se debe tener en cuenta, que las
instalaciones se hicieron para una capacidad de 7.200 cerdos y, ¿Quién sabe lo
que pasa o lo que hay de puertas para dentro? De la misma manera, creemos que
la JCyL debe ejercer de forma efectiva el
control sobre el terreno en el que se esparcen los residuos orgánicos, ya
que ahora se deja a “la buena intención” de la empresa que los esparce, o sea
que ese debido y necesario control es completamente inexistente en la
actualidad y, así, pueden seguir creciendo los acuíferos contaminados por
nitratos de origen agropecuario y haciendo menos habitable nuestra tierra.
Esta
DIA desfavorable es la primera que se emite para una explotación de estas
características en la provincia de Ávila. Solo esperamos que no sea la última.
Este hito en la conservación del patrimonio natural del que dependemos los
vecinos de La Tierra de Arévalo y La Moraña, es mérito de todos y cada uno de
los que han participado oponiéndose al proyecto, con sus alegaciones:
Ayuntamientos o Mancomunidades, Asociaciones culturales o naturalistas, grupos políticos y sindicales, y todos los vecinos que las han presentado
de manera individual. También de los informes contrarios emitidos por la CHD, y
de la resolución negativa del Procurador del Común.
A
todos ellos, muchas gracias. Solo esperamos que, a partir de ahora, los
técnicos de Medio Ambiente de la JCyL, como funcionarios de la Administración Pública
que son, dejen de emitir informes permisivos con aquellos proyectos
destructores del patrimonio natural que a todos nos pertenece y del que depende
nuestra existencia en el territorio que ocupamos.
En Arévalo, a veintisiete de abril de 2022.
«La Alhóndiga de Arévalo», Asociación de Cultura y Patrimonio.
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